Canal Alliance se unió a las organizaciones sin ánimo de lucro de todos los estados y del Distrito de Columbia instando a la Administración Biden a actuar con rapidez para finalizar una normativa responsable sobre «carga pública» que proteja a las familias.
El25 de abril se presentó un comentario al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. en el que se recomendaba la finalización de una normativa sobre «carga pública» que garantice el acceso de las familias inmigrantes a la red de seguridad sanitaria y de servicios sociales. El comentario fue coordinado por la coalición Protecting Immigrant Families (PIF) y firmado por 1.071 organizaciones.
«La pandemia dejó claro que cuando negamos a las familias la atención sanitaria y los servicios sociales en función de su lugar de nacimiento, nuestra comunidad es menos resistente y más vulnerable a amenazas para la salud pública como el COVID-19», afirmó Aaron Burnett, Director de Promoción y Políticas de Canal Alliance. «Vimos el impacto en la gente del barrio del Canal y trabajamos diligentemente con nuestros socios para ayudar a superar estas barreras».
El comentario se presentó en respuesta a una propuesta normativa de febrero que restablecería y mejoraría en gran medida la política de cargas públicas vigente durante 20 años antes de la Administración Trump. La política de carga pública de la administración anterior, que entró en vigor pocas semanas antes de que el COVID-19 golpeara Estados Unidos, disuadió a millones de familias inmigrantes de buscar asistencia sanitaria y ayuda durante la pandemia, lo que socavó la respuesta a la pandemia y amplió las disparidades raciales en su impacto económico y sanitario. El comentario del FIP:
- Elogia al DHS por proponer una definición responsable de «carga pública» que excluye explícitamente a Medicaid, SNAP y otros beneficios federales de ser incluidos en una determinación de carga pública; y por publicar una lista enumerada de categorías de inmigrantes exentos de determinaciones de carga pública
- Insta al DHS a realizar mejoras específicas:
- Aclarar que los programas estatales, tribales y locales de asistencia en efectivo no pueden contabilizarse en las evaluaciones de la carga pública.
- Excluidos los cuidados de larga duración en residencias de ancianos en el marco de Medicaid
Varios estados, entre ellos California, lanzaron programas de asistencia en metálico durante la pandemia, con la intención específica de proporcionar ayuda económica a las familias excluidas de los programas financiados por el gobierno federal. Incluir dichos programas en las determinaciones de carga pública, frustraría los objetivos políticos de los estados y debilitaría los esfuerzos de respuesta y recuperación ante una pandemia.
La investigación ha demostrado que el efecto amedrentador de la política de cargas públicas se extendió mucho más allá de los programas cubiertos por dicha política. Por ejemplo, se disuadió a los padres inmigrantes de cubrir a sus hijos ciudadanos estadounidenses no asegurados en el marco del Programa de Seguro Médico Infantil, que es similar pero diferente de Medicaid, un programa sanitario mucho más amplio nombrado en la política de Trump.
Como se afirma en el comentario, «permitir que se tenga en cuenta cualquier tipo de cobertura de Medicaid en una determinación de carga pública causa confusión y perpetúa el efecto paralizador». El comentario también indica que, dado que las personas con discapacidades tienen más probabilidades que otras de necesitar cuidados en residencias de ancianos, considerar los cuidados en residencias de ancianos financiados por Medicaid en las determinaciones de carga pública sesgaría la política en contra de las personas con discapacidades.
«Con unas pocas mejoras de sentido común, la Administración Biden puede finalizar las regulaciones de carga pública que protegen a las familias inmigrantes y a la nación de abusos imprudentes y racistas como los que vimos bajo Trump», dijo Adriana Cadena, directora de la coalición FIP. «Instamos al DHS a que actúe rápidamente para finalizar una política de carga pública responsable».
