Los supervisores de Marin destinan 500.000 dólares a ayudar a los inmigrantes

Por Richard Halstead | [email protected]
Marin Independent Journal

ACTUALIZADO: 4 de marzo de 2025 a las 17:51 h (hora del Pacífico)

En respuesta a las medidas del Gobierno de Trump en materia de política de inmigración, los concejales del condado de Marin destinaron el martes 500 000 dólares a la prestación de servicios de apoyo a los migrantes.

Los supervisores aprobaron el gasto sin debate, como punto del orden del día por consentimiento. Una resolución adjunta indicaba que el dinero se destina a «servicios que incluyen, entre otros, la representación jurídica, los servicios de apoyo a las familias, así como la divulgación y la educación».

noviembre 18

Clase: Alimentación saludable para personas con diabetes

noviembre 18, 2026 @ 18:00 - 20:00

Impartido en colaboración con Kaiser Permanente, Canal Alliance y el condado de Marin, este curso ayudará a cualquier persona con

«El condado de Marin se compromete con todas las personas que se encuentren en situación de necesidad y cumplan los requisitos para recibir los servicios, independientemente de su situación migratoria», reza la resolución.

La resolución delega en Derek Johnson, el ejecutivo del condado, la facultad de celebrar contratos con proveedores locales.

«Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre qué organismo o socio comunitario recibirá la financiación; esto se determinará mediante un proceso que establecerá la oficina del ejecutivo del condado», afirmó Johnson en un correo electrónico.

Omar Carrera, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Canal Alliance, con sede en San Rafael, ha declarado: «Aplaudimos el liderazgo del condado y la financiación destinada a las familias con estatus migratorio mixto».

«Ahora, más que nunca, esta financiación es fundamental», afirmó. «Ejercer la abogacía en materia de inmigración durante la administración Trump supone un gran reto debido a los constantes y repentinos cambios en las políticas y los procedimientos, que consumen mucho tiempo al personal».

Laura McMahon, directora ejecutiva de Legal Aid of Marin, señaló que, desde principios de año, «hemos recibido una cantidad abrumadora de llamadas de miembros de la comunidad que solicitan asistencia en materia de servicios jurídicos de inmigración».

«Las personas que carecen de estatus legal esperan recibir ayuda para protegerse a sí mismas y también a sus familias», afirmó.

McMahon señaló que a los padres les preocupa especialmente qué será de sus hijos en caso de que se vean separados.

«Quieren asegurarse de que se les atienda adecuadamente», añadió.

McMahon señaló que Legal Aid of Marin no representa a nadie que se encuentre directamente amenazado con la deportación, pero que el mes pasado la organización acudió en ayuda de un residente cuyo arrendador amenazó con denunciarlo ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

«Enviamos al arrendador una carta de cese y desistimiento», afirmó McMahon.

Afirmó que, según la legislación de California, un arrendador o un empresario que amenace con denunciar a su inquilino o empleado ante el ICE podría enfrentarse a un proceso penal.

Johnson anunció que recomendaría dicha asignación el 26 de febrero, al término de un taller presupuestario de tres días que los supervisores llevaron a cabo para el ejercicio fiscal 2025-26.

Durante el taller, los miembros de «Parent Voices Marin», una organización que aboga por el cuidado infantil y la educación temprana asequibles, presionaron a los concejales para que proporcionaran apoyo financiero a los inmigrantes indocumentados.

«Como inmigrantes, quiero que sepan que vivimos con miedo y que también tememos por nuestros hijos», declaró Jaqueline Hernández, de San Rafael, ante los concejales. «Nos gustaría solicitar que se cree un fondo para ayudar a nuestros hijos».

María Ek afirmó: «Soy madre de tres hijos. También soy inmigrante, y cada día vemos en nuestra comunidad que nos enfrentamos a nuevas amenazas. Les pido, como seres humanos, que nos tengan en cuenta».

Amarantha Silva, una organizadora comunitaria de Parent Voices Marin, formuló varias peticiones a los concejales.

«La primera», afirmó, «es crear un fondo de apoyo a los inmigrantes que sea integral, no solo de asistencia jurídica».

Silva señaló que se necesita dinero para ayudas al alquiler y para la ropa. Asimismo, indicó que se requieren fondos para aumentar la disponibilidad de servicios de guardería.

«Estuve en lista de espera durante cinco años», afirmó Silva. «Por eso sé lo difícil que resulta encontrar servicios de guardería».

La resolución, por la que se asignaban los 500 000 dólares, repasaba las medidas que los supervisores del condado habían adoptado anteriormente para garantizar que los inmigrantes indocumentados tuvieran acceso a los servicios públicos. En ella se afirmaba que el condado no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en la identificación de residentes indocumentados.

En marzo de 2017, poco después de que Donald Trump iniciara su primer mandato como presidente, los supervisores aprobaron una resolución por la que el condado se comprometía a «prestar servicios esenciales a todos los residentes del condado, independientemente de su situación migratoria».

La resolución también ordenaba «al Departamento de Sanidad y Servicios Sociales que revisara sus políticas de confidencialidad para garantizar en mayor medida que las personas con derecho a ello no se vean disuadidas de solicitar servicios o de recurrir a los servicios del condado debido a su situación migratoria».

En aquel momento, el condado estimó que había 16 000 inmigrantes indocumentados residiendo en Marin, lo que representaba aproximadamente el 6 % de la población del condado. Johnson afirmó que no dispone de una cifra actualizada.

En septiembre de 2020, poco antes de las elecciones presidenciales, los supervisores aprobaron otra resolución en la que reafirmaban el apoyo del condado al proyecto de ley del Senado n.º 54, que limitaba la capacidad de las fuerzas del orden locales para cooperar con el ICE. Asimismo, se reafirmó la instrucción dada al personal del condado de prestar todos los servicios independientemente de la situación migratoria.

La resolución también ordenaba a los departamentos del condado que «revisaran sus políticas de confidencialidad e identificaran cualquier cambio necesario para garantizar que la información recabada de las personas se limitara a lo estrictamente necesario para el desempeño de las funciones de la agencia y no se utilizara ni divulgara para ningún otro fin».

Se dispone de datos federales sobre el número de menores inmigrantes no acompañados que llegan a Marin cada año. Cuando los migrantes menores de 18 años se presentan en la frontera o son detenidos al cruzarla, se les aloja inicialmente en un centro gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Posteriormente, se les envía a localidades en las que un amigo de la familia o un familiar se ha ofrecido a acogerles.

Según la Administración Federal para la Infancia y las Familias, que gestiona la oficina de refugiados, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 se enviaron a Marin 214 menores inmigrantes no acompañados. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, llegaron a Marin 281 menores inmigrantes no acompañados.

Entre 2014 y 2020, Marin acogió a 1.039 menores no acompañados, lo que supone una media de unos 148 al año. En 2021, los concejales destinaron 410.000 dólares a pagar a organizaciones sin ánimo de lucro para que prestaran servicios a los menores.

¿ES USTED UN REPORTERO CON FECHA LÍMITE?

Para solicitar una entrevista o hacer algún comentario, póngase en contacto con Isabel French, directora de Marketing y Comunicaciones. Puede enviarle un correo electrónico o llamar al 415-634-0195.

Únase a nuestra comunidad

Suscríbase para conocer historias, eventos, detalles de programas y perspectivas sobre cómo -juntos- podemos crear equidad y oportunidad en Marin.