
El barrio de Canal, en San Rafael (California), el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Sherry LaVars/Marin Independent Journal)
Por el Consejo Editorial del Marin IJ
PUBLICADO: 1 de junio de 2025 a las 12:59 h PDT
La iniciativa de San Rafael dirigida a los denominados vendedores ambulantes de comida no consiste en meterse con inmigrantes en situación precaria, sino que se trata de una cuestión de salud pública comunitaria.
El departamento de policía de la ciudad y la división de Servicios de Salud Ambiental del condado pondrán en marcha patrullas especiales para distribuir folletos a los vendedores sobre cómo obtener los permisos necesarios.
La división del condado es responsable de la concesión de licencias relacionadas con la alimentación y de las inspecciones de restaurantes y establecimientos de restauración.
El objetivo es lograr que el creciente número de vendedores ambulantes de alimentos sin licencia cumplan con la normativa estatal y del condado en materia de salud y seguridad.
El espíritu emprendedor de estos microvendedores es digno de elogio. Para algunos, es una forma de ganar el dinero necesario para salir adelante en nuestro condado, donde el coste de la vida es elevado. También puede ser un primer paso hacia la apertura de un restaurante con local físico. Sin embargo, como vendedores ambulantes, deben cumplir la legislación, especialmente aquella destinada a proteger la salud de sus clientes.
Además de asegurarse de que los vendedores cumplen las normas, los funcionarios también tienen que asegurarse de que los costes y el proceso que conlleva la obtención de la licencia no son obstáculos tales que les resulte más fácil esquivar a los encargados de hacerlas cumplir.
La legislación estatal ha facilitado considerablemente la labor de los vendedores ambulantes, pero no les ha eximido del cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Ha exigido que dichas normas se adapten a la realidad de que sus carritos ambulantes carecen del agua corriente, los sistemas de alcantarillado, los conductos de ventilación de las cocinas y los sistemas de refrigeración que se exigen a los restaurantes.
San Rafael también está trabajando en unas normas de ubicación para garantizar que estos puestos temporales se instalen en lugares donde no obstaculicen el cumplimiento de los requisitos de acceso. Las autoridades municipales también deben asegurarse de que sus normas no resulten onerosas.
La alcaldesa Kate Colin apoya firmemente que el Ayuntamiento tome medidas.
«La venta ilegal de comida es una situación cotidiana insegura, no regulada e injusta que afecta a nuestra ciudad», afirmó.
El aumento del número de vendedores ambulantes se ha calificado como un indicio de las amplias desigualdades económicas existentes en nuestra comunidad, donde la vivienda asequible y las oportunidades laborales son limitadas.
«Debemos resistirnos a la tentación de criminalizar la pobreza», afirma Omar Carrera, director ejecutivo de Canal Alliance, la organización sin ánimo de lucro del barrio que presta servicio a sus residentes inmigrantes. Propone que el ayuntamiento establezca zonas de venta ambulante.
Es una propuesta sensata, similar a la de otras comunidades que han habilitado espacios para que se reúnan los food trucks.
La organización de Carrera también podría ayudar a salvar cualquier posible barrera lingüística para que los vendedores comprendan las razones de sentido común que justifican unas normas de seguridad estrictas.
Las leyes estatales que permiten la actividad de los vendedores ambulantes se han promulgado, en parte, como respuesta a las medidas de represión federales contra los inmigrantes indocumentados. Las detenciones, las multas e incluso la concesión de licencias han puesto a los inmigrantes en el punto de mira de las autoridades federales, según afirman los defensores de dichas leyes.
La senadora estatal Lena A. González, de Long Beach, autora de la ley de 2022 sobre vendedores ambulantes, afirmó que su objetivo es eliminar «normativas obsoletas y excluyentes».
No obstante, deben respetarse las leyes destinadas a proteger la salud y la seguridad de los clientes de los vendedores ambulantes.
En los últimos años, se ha prestado una mayor atención a las inspecciones de los restaurantes. Las calificaciones de las inspecciones emitidas por el condado se exponen en la fachada de cada restaurante.
Resulta injusto que se exija el cumplimiento de las normas a los restaurantes tradicionales o a los food trucks, pero que se ignore en el caso de los vendedores ambulantes de comida. No debería ser que a unos se les someta a una regulación estricta, mientras que a otros se les ignora. La venta de alimentos no debería ser un «Salvaje Oeste» en el que los clientes se enfrenten potencialmente a riesgos reales para la salud, mientras que los vendedores quedan exentos de su responsabilidad.
La imparcialidad y la equidad no deberían estar condicionadas por criterios socioeconómicos; tanto si se gestiona un restaurante formal como un puesto ambulante de comida, existen normas de seguridad alimentaria que deben respetarse.
Los vendedores ambulantes representan un cambio cultural, el crecimiento de una tendencia que probablemente se inició cuando se modificaron las normas para permitir la creación de los denominados puestos de «cocina casera».
El enfoque de la ciudad, que da prioridad a la información, tiene sentido. También lo tiene la atención que presta el condado a ayudar a los vendedores a cumplir la normativa, en lugar de expulsarlos de la calle o, lo que es peor, empujarlos a la clandestinidad.