
Por Bay City News Service
17 de septiembre de 2025
A pesar de los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por eliminar el concepto del calentamiento global provocado por el hombre mediante la supresión de la financiación federal destinada al clima, el cambio climático sigue produciéndose. Los líderes del Área de la Bahía no han cesado en sus esfuerzos por preparar a las ciudades ante la subida del nivel del mar y el aumento de los riesgos medioambientales.
Funcionarios del Gobierno, grupos ecologistas, urbanistas y consultores en materia de justicia social se reunieron esta semana con motivo de la cumbre «2025 Rising Together: The Bay Adapt Summit». Se trataba de la segunda edición anual de la cumbre, pero las entradas se agotaron rápidamente. El domingo, los participantes realizaron recorridos a pie por ciudades en riesgo de sufrir inundaciones debido a la subida del nivel del mar. El lunes, la cumbre concluyó con una reunión que duró todo el día en el museo de ciencias Exploratorium de San Francisco.
«Nos estamos salvando a nosotros mismos y debemos tomárnoslo en serio», afirmó Gregg Castro, director cultural de la Asociación de Ramaytush Ohlone, en un discurso de reconocimiento del territorio pronunciado el lunes. «El planeta estará bien. Estamos llevando a cabo esta labor para salvarnos a nosotros mismos».
La medida más destacada desde la cumbre del año pasado fue la publicación, en diciembre, del Plan Regional de Adaptación del Litoral por parte de la Comisión de Conservación y Desarrollo de la Bahía de San Francisco (BCDC). La BCDC es un organismo estatal con autoridad reguladora sobre el litoral interior de la bahía y las marismas circundantes. En 2023, la Asamblea Legislativa estatal aprobó el proyecto de ley del Senado n.º 272, que exige a las administraciones locales de la bahía elaborar y presentar un plan de resiliencia de la línea costera a la BCDC antes de 2034.
El informe de diciembre presentaba una visión a escala regional. Además, contiene unas directrices que los gobiernos locales deben seguir a la hora de elaborar sus planes. Según el informe, se estima que el coste de los proyectos de adaptación al aumento del nivel del mar de aquí a 2050 ascenderá a unos 110 000 millones de dólares para toda la zona de la Bahía, pero se prevé que el coste de no tomar medidas suponga unos daños por valor de 230 000 millones de dólares.
Para preparar sus planes, los ayuntamientos han estado publicando convocatorias de propuestas y buscando ingenieros civiles, arquitectos paisajistas y organizaciones dedicadas a la participación ciudadana.
«Ya hemos mantenido conversaciones con el 75 % de las jurisdicciones obligadas a elaborar un plan», afirmó Dana Brechwald, directora adjunta de planificación para la adaptación al cambio climático de la BCDC. «Estamos autorizando diversos proyectos, entre los que se incluye la restauración de hábitats de humedales que aumentará la superficie de la bahía en unas 394 acres, además de añadir 3 millas de senderos de acceso público y casi 7 acres de espacios abiertos».
EL NUEVO PANORAMA FINANCIERO
La adaptación de las infraestructuras estadounidenses para que resistan el cambio climático parecía inminente en 2021. Fue entonces cuando el Gobierno del expresidente Joe Biden aprobó la Ley de Infraestructuras Bipartidista. Dicha ley duplicó la financiación federal disponible para que las comunidades pudieran prepararse mejor ante huracanes, inundaciones y otros desastres naturales.
La ley amplió el programa de subvenciones «Building Resilient Infrastructure and Communities», que financiaba entre el 75 % y el 90 % de los costes de ejecución de proyectos de mitigación de riesgos climáticos. La ley incluía un nuevo principio destinado a promover la equidad, al dar prioridad a que el 40 % de los beneficios se destinara a las comunidades desfavorecidas.
Todo eso se perdió durante la administración de Trump. En abril, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) puso fin al programa BRIC, canceló todas las subvenciones del programa BRIC que no se encontraban en fase de construcción y exigió la devolución de los fondos no comprometidos del programa. Estos recortes son objeto de litigio por parte de 20 estados, entre ellos California, según un seguimiento realizado por el Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Universidad de Harvard.
Durante un taller paralelo que contó con una gran afluencia de público en la cumbre del lunes se debatieron nuevas estrategias de financiación. El ponente Len Materman, del distrito especial OneShoreline del condado de San Mateo, sugirió vincular los proyectos de adaptación al nivel del mar con otras cuestiones urgentes, como la vivienda; establecer un impuesto sobre bienes inmuebles en todo el condado basado en los pies cuadrados de cada edificio, de modo que las grandes empresas paguen más; o que las ciudades exijan a los promotores inmobiliarios que financien mejoras en las infraestructuras que se integren en los planes urbanísticos existentes.
El empresario Zach Knight, de Blue Forest, utiliza modelos de proyección para calcular el coste del cambio climático para las empresas de servicios públicos y lo compara con el gasto de proyectos de infraestructuras preventivas como el mantenimiento de los bosques, replanteando la inversión empresarial como un ahorro de costes.
El Estado ofrece más opciones de financiación. Los gobiernos locales, regionales y tribales pueden acceder a subvenciones para la planificación a través del Programa de Subvenciones para la Planificación de la Adaptación al Aumento del Nivel del Mar, establecido por el Proyecto de Ley del Senado n.º 1. Se estima que la Proposición 4, una medida de emisión de bonos aprobada por los votantes en noviembre, generará unos 10 000 millones de dólares en todo el estado para diversos programas de resiliencia climática y de gestión del agua y los recursos naturales, según el Instituto de Política Pública de California.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa votó a favor de prorrogar el programa estatal de límites máximos y comercio de derechos de emisión hasta el año 2045. Estaba previsto que expirara tras el año 2030. En el marco de este programa, las empresas deben reducir sus emisiones, adquirir derechos de emisión del Estado o de otras empresas, o financiar proyectos destinados a compensar sus emisiones. Los fondos que el Estado obtiene de estas ventas se destinan a financiar medidas de mitigación del cambio climático, proyectos de vivienda asequible y de transporte, así como a créditos en las facturas de servicios públicos para los californianos.
LA COMPLEJIDAD SOCIAL DE LA ADAPTACIÓN AL NIVEL DEL MAR
Las inundaciones estacionales son frecuentes en el Área de la Bahía, especialmente en las comunidades situadas en terrenos rellenados, que tienden a asentarse y hundirse con el paso del tiempo. El hundimiento del terreno, unido al aumento del nivel del mar, genera un panorama desolador en una época de tormentas cada vez más intensas y aumenta el riesgo de desplazamiento debido a las evacuaciones. Sin embargo, la construcción de nuevas infraestructuras, como parques ajardinados en la costa, puede elevar el valor de los terrenos de escaso valor y provocar desplazamientos a causa de la gentrificación.
Esa situación se pudo observar durante la visita guiada a pie del domingo por el barrio de Canal, en San Rafael, que se ha rellenado. La visita fue comentada por Carly Finkle, directora sénior de políticas de Canal Alliance, una organización sin ánimo de lucro que presta servicio a la comunidad latina vulnerable del barrio. La Sra. Finkle explicó que el terreno ha adquirido una forma de cuenco, con montones de rocas y diques de construcción casera que separan el barrio, situado por debajo del nivel del mar, de la bahía de San Pablo.
«Si entrara una cantidad significativa de agua procedente de las olas que desbordan en una gran tormenta o de un terremoto que rompa las barreras informales que bloquean la salida del agua, la cantidad de agua que podría captarse y quedar estancada en el barrio sería tanta que habría que demoler los edificios y reconstruirlos», dijo Finkle.
«La situación en el canal es realmente una catástrofe oculta a punto de ocurrir. Podría haber entre 1,2 y 1,8 metros de agua estancada en algunas partes del barrio. No es el tipo de catástrofe que se ve venir, que empeora gradualmente año tras año. Sé que a menudo hace falta algún tipo de emergencia para que la gente despierte, pero creo que la situación es muy, muy dura», afirmó.
Irene de León, residente de Nuestro Canal, Nuestro Futuro Consejo de Residentes, habló al grupo de la visita sobre las dificultades de vivir en la densamente poblada comunidad de inquilinos y compartió dibujos infantiles que ilustraban sus deseos de un espacio público planificado.
Uno de los miembros del grupo de visita era John Gibbs, de WRT Planning and Design. Su empresa colaborará con San Rafael en la elaboración de un plan específico para el distrito del Canal, que incluirá medidas de diseño urbano y políticas contra el desplazamiento.